El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro ha propuesto unas medidas para solucionar el problema de la ‘okupación’, que ha detallado en Confilegal, como son la introducción en la LECrim de un artículo nuevo, el que llevaría como número el 544 sexies, «para que se pueda adoptar en cualquier caso de ocupación inmobiliaria, una medida cautelar urgente por parte del juez instructor para que en un plazo máximo de 72 horas se ordene la inmediata expulsión del ocupante, lo que evitaría los retrasos actuales que pueden llegar hasta año y medio en casos de usurpación de bienes inmuebles que no constituyan morada». También propone modificar la Ley de propiedad horizontal, ya que hoy en día las comunidades de propietarios no tienen legitimación para plantear la expulsión de un ocupante ilegal si el propietario no ha tenido conocimiento de la ocupación o está en el extranjero o ilocalizable. Este magistrado destaca que «no se puede descargar en las espaldas de los propietarios de inmuebles el problema de la carencia de vivienda que existe y el evidente derecho a la vivienda que tienen algunos ciudadanos que carecen de ella». No obstante, señala que «debe ser la administración pública la que provea de vivienda social a las personas que con hijos menores no tienen donde habitar, evitándose que se tenga que recurrir a ‘okupación’ de viviendas que son propiedad de ciudadanos que tienen derecho a ocuparlas ellos, alquilarlas, o simplemente hacer lo que deseen con una vivienda que es de su propiedad». Por ello, la solución, según este magistrado, pasa por reformar la ley para proteger más el derecho de propiedad y adoptar medidas para dotar de vivienda a personas sin recursos económicos y necesidad que carecen de un lugar donde residir con su familia, y en muchos casos con hijos menores. «Es importante contar también con la solidaridad de los vecinos en las comunidades de propietarios para que denuncien de forma inmediata los hechos de la ocupación ilegal y, además, otorgar legitimación a las comunidades de propietarios para que puedan denunciar ellas mismas los hechos de la ocupación al existir problemas a veces para localizar de forma urgente a los propietarios», manifiesta Vicente Magro. Afirma que «con la legitimación a las comunidades se podría actuar de forma más urgente y rápida, sobre todo para solucionar los supuestos de la flagrancia cuando los ‘okupas’ entran inmediatamente en el inmueble y si son detectados por los vecinos puedan alertar a las Fuerzas de Seguridad de que se ha producido un fenómeno de ocupación». «Y de esta manera, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden actuar ante la comisión de un delito flagrante que no exige la intervención de la orden judicial y permite actuar a la Policía mediante la expulsión al tratarse de flagrancia en la ocupación ilegal, lo que es importante a la hora de ser efectivos ante este drama que sufren muchos propietarios evitando retrasos innecesarios en la solución del problema», concluye. Ver noticia original de confilegal.com -> AQUÍ

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