Vista aérea de una zona residencial de lujo en las colinas de la costa mediterránea española.

Al empresario suizo ya le tocaba disfrutar de su villa en Ibiza, valorada en 11 millones de euros. Como cada año, reservó seis meses de su vida para residir en su rincón paradisiaco. Al llegar se encontró con que cinco hombres dormían en su cama, nadaban en su piscina y usaban sus baños y cocina. Entraron, cambiaron la cerradura y aseguraron ser una familia vulnerable. Necesitaban un hogar, y nada mejor que el desbordante lujo para sentirse en casa. Para irse, exigieron 50.000 euros. Al empresario suizo ya le tocaba disfrutar de su villa en Ibiza, valorada en 11 millones de euros. Como cada año, reservó seis meses de su vida para residir en su rincón paradisiaco. Al llegar se encontró con que cinco hombres dormían en su cama, nadaban en su piscina y usaban sus baños y cocina. Entraron, cambiaron la cerradura y aseguraron ser una familia vulnerable. Necesitaban un hogar, y nada mejor que el desbordante lujo para sentirse en casa. Para irse, exigieron 50.000 euros. Despachos de abogados y empresas de desokupación reportan un incremento de casos de okupación de viviendas de alto valor. Suele ocurrir en zonas turísticas y urbanas, siendo los inversores extranjeros y los jubilados los más afectados. Los casoplones de Islas Baleares, Calpe y Costa del Sol son los más apetecibles. «Estas propiedades, al estar deshabitadas durante largos periodos, se convierten en objetivos atractivos para los ocupantes ilegales», señala Ángel Sánchez, abogado y socio de Golden Partners, despacho especializado en real estate de lujo. El letrado Sánchez ofrece más detalles del caso de su cliente suizo. Los okupas no formaban una familia, sino «un grupo organizado que se dedicaba a chantajear a los propietarios». Jorge Sorbera, abogado y director de la empresa Okupas Fuera, y Víctor, de Desokupación Legal, también han notado un incremento de peticiones de desalojos de viviendas de lujo. Señalan que, en estas situaciones, queda especialmente de manifiesto que el perfil de los okupas no es el de personas sin techo, excluidas por la sociedad. «Las familias vulnerables no seleccionan viviendas que están valoradas en más de medio millón de euros... Son verdaderos profesionales que no quieren vivir allí, sino que buscan dinero», asevera Víctor. Sorbera describe al okupa como alguien que «está aleccionado, profesionalizado, alguien que viene de otras okupaciones o son mafias». «En los casos de viviendas de lujo, ellos asocian el nivel económico del propietario con el rescate que piden a cambio de irse», agrega el director de Okupas Fuera y aclara que «esto es general en todo tipo de ocupación». Pero, eso sí, el dinero exigido es mayor allá donde la opulencia es evidente. Los abogados recomiendan no ceder a la extorsión para evitar un «efecto llamada». Aun cuando incluye amenazas de destruir el mobiliario y las instalaciones de la vivienda. «Hemos tenido casos en los que dicen "¿No me pagas? Pues te rompo un cristal y te mando una foto"», cuentan desde Golden Partners. El extranjero suizo no desembolsó los 50.000 euros y la Justicia estuvo de su lado. El caso fue tramitado por Golden Partners como un allanamiento de morada que, como contempla el artículo 202 del Código Penal, se aplica a viviendas habitadas y es considerado un delito grave. El suizo, con sus idas y venidas, pudo aportar facturas y vuelos que acreditaban que la vivienda sí era disfrutada por él, aunque fuera la mitad del año. NUEVA 'LEY ANTIOKUPAS' El caso fue denunciado el pasado 21 de abril y el 3 de mayo ya hubo una resolución favorable para el dueño de la villa. «Todo el procedimiento fue cuestión de 12 días», resume el abogado. Fue posible también gracias a la conocida como ley antiokupas -Ley Orgánica 1/2025-, vigente desde el 3 de abril de 2025, que permite enfocar los casos fundamentalmente por la vía penal, en un plazo de 15 días. «Antes muchas veces se limitaba a la vía civil y tardaba entre 6 y 18 meses». Asimismo, en la nueva ley se eliminó la necesidad de hacer estudios de vulnerabilidad en ciertos casos. Sin embargo, aún no ha dado tiempo de constatar la eficacia de la reforma legal. «Dependerá de la carga de trabajo de los juzgados y de la correcta aplicación de la normativa», explica el socio de Golden Partners. El caso del suizo se gestionó con celeridad, «pese a que los okupas intentaron alegar vulnerabilidad... Pusimos de manifiesto que, con la entrada en vigor de la nueva ley, no era necesario un estudio de vulnerabilidad». El abogado Sánchez destaca otro caso de okupación de lujo que llegó recientemente a su despacho. Se trata de un ático con terraza en Calpe, en primera línea de playa y valorado en tres millones de euros. Pertenece a un fondo de inversión noruego que tiene activos en la Comunidad Valenciana. El piso estaba siendo reformado para ser alquilado. Por ende, nadie vivía allí. No se pudo alegar un allanamiento en ese caso. La okupación se denunció como un delito de usurpación -regulado por el artículo 245 del Código Penal- por tratarse de la entrada ilegal en una propiedad deshabitada sin autorización. El caso de Calpe lleva más de 15 días en manos de la Justicia porque «han interpuesto recurso por vulnerabilidad». «En teoría ya no se puede, pero lo solicitaron y directamente lo tramitaron en la solicitud, no me dieron plazo para alegar nada al respecto, pese a que lo dejamos en la denuncia... Estamos esperando que los servicios sociales se pronuncien, aunque hemos recurrido diciendo, "oye, que es que no es pertinente ahora porque ha cambiado la ley el mes pasado"», detalla Sánchez. El tema de la okupación es otro de los tantos que dividen a la sociedad. Mientras persiste como amenaza para una parte de la ciudadanía, otra le quita importancia y alega que la crisis radica en la escasez de viviendas asequibles. En 2024 se registraron en España 16.426 denuncias de ocupación ilegal de viviendas, siendo la tercera cifra más alta desde que hay registros, según datos del Ministerio de Interior. De esa cifra, se resolvieron 12.263 casos por allanamiento o usurpación. Por tanto, quedaron sin resolver 4.163 denuncias. Adicionalmente, estos datos no incluyen los hechos que se resuelven de manera extrajudicial, como un acuerdo económico o la intervención de una empresa de desokupación sin denuncia previa. Mientras algunos han encontrado en la okupación una forma de obtener miles de euros de un millonario, Golden Partners ha abierto una línea de negocio dedicada a estas situaciones. El estallido de este tipo de usurpaciones, que venía desde la pandemia, se aceleró en el último año, al menos en este despacho de abogados. «Se incrementó desde que se empezó a escuchar que iba a entrar en vigor la ley antiokupas y que en 15 días las personas okupantes estarían fuera», puntualiza el abogado Sánchez. ¿Se reducirán los casos ahora que la ley está vigente? «Se supone. Pero esto el tiempo y la realidad de los juzgados lo irán marcando», opina Sorbera. La fe y la duda están puestas en este cambio en el Código Penal.

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