Una patrulla de la Policía Local pasea por los bloques okupados de la avenida Germanías de Carcaixent. / Perales Iborra

No es oro todo lo que reluce. Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2006, fueron muchas las fincas que se promocionaban como «pisos de lujo» y que luego acabarían en manos de fondos buitre o de entidades como la Sareb. Los cuatro bloques construidos en 2008 en una céntrica avenida de Carcaixent son un caso más. En las últimas semanas, se han convertido en una «cárcel» para sus residentes debido a las medidas de seguridad que han tenido que tomar para luchar contra okupas conflictivos. La agresión que tuvo lugar este mes por parte de un okupa a un vecino suyo a quien culpaba de haberle delatado por sus enganches ilegales de luz, ha activado las alarmas (nunca mejor dicho) en las cuatro finas de la avenida de Germanías afectados por esta problemática. Algunos de sus residentes en situación regular se han visto obligados a instalar toda una red de cámaras de seguridad y verjas en las puertas de la calle e incluso afirman haber recibido amenazas por parte de algunos okupas conflictivos. La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, lo confirma: «Los están amenazando de muerte», afirma. Hace unas semanas, frustraron el intento de okupación de otro piso. «Tocaron a todos los timbres para ver si estábamos. Pudimos ver que querían entrar gracias a que tenemos cámaras en algunas puertas y pudimos demostrarle a la Guardia Civil que solo llevaban una hora en la casa», cuentan unos residentes. Devaluación del inmueble «Pagué 180.000 euros por un ‘piso de lujo’ y parece que vivo en una cárcel», afirman unos propietarios que han tenido que blindar la casa donde viven en familia con sistemas de seguridad. «Esto parece un búnker. Yo no me quiero ir de mi casa y, además, aunque la vendiera, perdería dinero», añaden. Desde que estalló la problemática hace unas semanas, patrullas de la Policía Local pasan constantemente por la avenida Germanías. Los pisos salieron a la venta en 2008, en plena burbuja inmobiliaria. Los propietarios así lo recuerdan: «Los áticos se vendían a 300.000 euros y el resto de pisos, a 180.000 euros más IVA». «Este problema ha bajado el valor del inmueble. Dudo que alguien quiera comprar ahora uno de estos pisos por más de 100.000 euros, cuando en la zona están todos por encima de 150.000», analiza Vicent Ferrando, el vecino agredido. De las 48 viviendas que albergan los cuatro bloques, 28 están «okupadas». En las otras viven propietarios o inquilinos con contrato de alquiler, dos de ellos, de alquiler social gestionado por la Sareb, propietaria de 44 de las viviendas. Respecto a los llamados «okupas», son muy diversos. «Okupas» sin recursos Por un lado, hay gente sin recursos que, según explican los vecinos con los que ha tratado este diario, ha pagado dinero para entrar en las viviendas de manera irregular, sin contrato, pero que se hace cargo de los gastos de agua y luz. «Es gente vulnerable a la que no le queda otra. Ellos nunca han sido conflictivos y la convivencia es posible y es tranquila. Por mucho que la okupación sea ilegal y estemos en contra, a nosotros esos casos no nos afectan directamente», coinciden varios residentes con contrato. «Ahora bien, me molestaría que, habiendo pagado yo tanto dinero por mi casa, el resto de viviendas con las mismas características se convirtieran en pisos de alquiler social», añade una propietaria. Por otro lado, estos vecinos comenzaron a notar la presencia de «okupas conflictivos» a partir de la dana del pasado octubre: «Tal vez se quedaron sin casa por la riada y vinieron aquí. Los problemas de convivencia empezaron ahí», exponen. «Muchos tienen perros grandes para evitar que les entren en casa», añade Ferrando. «No nos llega con lo que ganamos» Uno de estos okupas que responde a las iniciales V. N. y reside con su pareja en una de las viviendas señala: «Trabajo de chatarrero y gano 450 euros al mes. Hemos intentado pedir un alquiler social pero no nos llega con lo que ganamos. Esta es nuestra casa y no queremos problemas», explica. V.N. asegura que un amigo suyo «que ya vivía aquí de okupa vio que yo estaba en la calle y me dijo que me cedía el piso gratis». No obstante, los residentes con contrato legal sospechan que algunos okupas «meten a gente sin recursos a cambio de dinero y se aprovechan de ellos porque no tienen otra opción para obtener una vivienda», concluyen.

ULTIMAS NOTICIAS El único inquilino con contrato de luz y agua abandona la finca okupada de Carcaixent tras la agresión Los okupas secuestran 2.500 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid gracias a la impunidad que alienta el Gobierno Okupas en Carcaixent: "Pagué 180.000 euros por un piso de lujo y parece que vivo en una cárcel"