Europa Press

La Comunidad de Madrid ha celebrado este jueves las primeras jornadas sobre okupación, en las que ha pedido al Gobierno medidas más contundentes para acabar con una lacra que perjudica a miles de propietarios en toda España, pero también a las admintraciones públicas "y, por ende, a todos los ciudadanos". Así lo ha denunciado, entre otros, José Borja Gómez Encina, subdirector general de lo Contencioso de la Abogacía autonómica, quien ha desvelado que, en estos momentos, de las 25.000 viviendas que gestiona la Agencia de Vivienda Social de Madrid, hay 2.500 okupadas. "Esto supone un 10%, que es una cantidad nada desdeñable", insiste el Gobierno regional, que, además, hace hincapié en los daños colaterales que genera esta situación, ya que impide que muchas familias que realmente necesitan un hogar y que cumplen escrupulosamente con la ley y los procedimientos para acceder una vivienda de este tipo, no puedan hacerlo. Con todo, los datos son más graves si cabe si tenemos en cuenta que, actualmente, hay 4.000 solicitantes de vivienda en la región. "Es decir, que si acabásemos en 24 horas con todas las okupaciones ilegales, satisfaríamos más del 40% de esas necesidades", advierte Gómez Encina. Precisamente por eso, y sin menospreciar la okupación e inquiokupación que sufren los pequeños propietarios —cuya situación ha sido el asunto central de las jornadas—, desde la Abogacía de la Comunidad de Madrid se ha hecho especial hincapié en el drama que también supone la okupación de viviendas públicas: "Es especialmente sangrante, porque la vivienda no es para nosotros, sino para terceros que pueden estar más necesitados" La vulnerabilidad como coartada A diferencia de los particulares, las comunidades autónomas pueden recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que actúan en defensa del interés general. Sin embargo, también esta vía ha sufrido las consecuencias de una legislación que, en los últimos años, ha hecho pivotar cualquier posibilidad de desahucio en torno a la vulnerabilidad —o supuesta vulnerabilidad— de los okupas, una carta blanca que puede alargar el proceso durante años. "Antes, en 9 meses de media podíamos recuperar una vivienda, porque, además, incluso aunque recurrieran, eso no impedía el desalojo inmediato. Sin embargo, con la vulnerabilidad, esto se ha transformado de una manera perversa, de tal forma que el okupante ilegal tiene más derechos que el propietario", denuncia Gómez Encina. La "técnica de Telepizza" Por si fuera poco, advierte, a ello se suma la cada vez mayor profesionalización de los delincuentes, quienes sabedores de la "inviolabilidad del domicilio", han comenzado a recurrir a fórmulas como la llamada "técnica de Telepizza" para impedir que una alarma, por ejemplo, permita a la Policía desalojarles de inmediato al tratarse de un delito flagrante. Así, tal y como ha explicado el representante de la Abogacía de la Comunidad de Madrid —y como han venido denunciando los expertos en Libre Mercado—, días antes de okupar la vivienda, los interesados piden comida a domicilio y la recogen en el portal. Cuando tiempo después entran por el método de patada en la puerta y la alarma alerta a la Policía, muestran a los agentes el recibo como prueba de que llevan tiempo viviendo allí y de que, por tanto, ya no es un delito flagrante ante el que puedan actuar. Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.

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