La vivienda continúa okupada, pero sus “inquilinos” están prácticamente atrincherados, según los vecinos.

“Esta situación es insostenible” se lamenta Consuelo Lago, una de las dueñas de la vivienda del camiño Cacharela en Teis, que lleva poco más de un mes okupada. A pesar de la rapidez en denunciar el acceso ilegal al inmueble, la Policía Nacional no llevó a cabo el desalojo al no poder probar el delito flagrante y dejó el caso en manos del juzgado. Era el 19 de septiembre y aunque el juzgado tardó solo unas semanas en poner fecha al juicio por un delito leve de usurpación, los okupas no recogieron la notificación, no se presentaron y hubo que suspender la vista. En ese momento había esperanzas, el abogado solicitó una medida cautelar de desalojo, que fue refrendada por la Fiscalía pero que a día de hoy sigue sin ejecutarse por haberse enquistado por la lentitud judicial. Los dueños temen los destrozos que se puedan estar originando en el domicilio y lo que es peor el consumo de agua exagerado y la manipulación del cuadro eléctrico. “Seragua nos comunicó que llevan una factura de 800 euros, unos 180 metros cúbicos consumidos”, explica Consuelo. Eso supone más de la media estimada del consumo anual de una familia de dos miembros. El cuadro eléctrico sigue manipulado, algo que supondría una sanción de 2.500 euros. La indignación también se extiende al vecindario, donde se conocen todos. Ahora, los okupas, en principio dos identificados pero podrían ser más, apenas salen de casa. Solo la mujer abandona el domicilio de vez en cuando para hacer la compra pero poco más. Los propietarios confiaban en poder obtener cuanto antes la medida cautelar para que abandonaran la casa hasta que se celebre un nuevo juicio, pero no ha habido suerte y la confianza en el sistema se resquebraja. “Esto que está ocurriendo es una vergüenza”, muestra indignada Consuelo, que teme cómo quedará el inmueble cuándo logren recuperarlo. La vivienda, usada como segunda residencia pertenecía a la suegra de Consuelo y pasó a su marido y a su cuñado. Estaba previsto que se mudaran a ella su hija y su sobrina, pero ya no pudo ser, a pesar de haber dado aviso a la Policía antes de que pasaran las 24 horas desde la okupación. Más de 30 días de decepción en decepción El periplo de los propietarios de la vivienda ha pasado de decepción en decepción. La primera cuando la Policía no llevó a cabo el desalojo pese al aviso, la segunda cuando los okupas eludieron el juicio y la tercera ante la tardanza del juzgado en dictar la medida cautelar. Juan Carlos y José Ángel, los dueños, sí acudieron al señalamiento en los juzgados, acompañados por vecinos como testigos, que aseguraban que olía a quemado y marihuana constantemente. Ver noticia original de atlantico.es -> AQUÍ

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