Jesús María Sánchez, José María Alonso y Javier Orduña. EE

Los Colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona han dado a conocer este lunes una docena de propuestas para actualizar y adecuar la legislación a las necesidades y demandas actuales de la sociedad en diversas materias. Las iniciativas, elaboradas a través de los institutos de investigación jurídica I+D ICAM e I+DRET, se han presentado en un acto conjunto en Madrid. Javier Orduña, presidente del Consejo Asesor de ambos institutos, catedrático de Derecho Civil y ex magistrado del Tribunal Supremo, ha explicado que "la necesaria recuperación económica y la garantía de paz social pasan por la determinación política de llevar a cabo reformas legislativas que no pueden demorarse más". José María Alonso, decano del ICAM, ha destacado la importancia que tendrán todas y cada una de las propuestas "de cara a mejorar nuestra legislación para servir los intereses de la sociedad civil. Por su parte, Jesús María Sánchez, decano del ICAB, ha afirmado que "solo desde el estudio detallado de los ordenamientos de nuestro entorno y del propio, como llevan a cabo estos institutos, se pueden plantear reformas eficaces que garanticen de veras la defensa de los derechos de la ciudadanía y el progreso social". Situaciones extraordinarias Entre las medidas aprobadas, las hay de carácter procesal, organizativo y sustantivas de acompañamiento a las propuestas legislativas relativas a los delitos de multirreincidencia. Así, se propone una reforma parcial del Código Civil, mediante Decreto?ley, para la regulación, por primera vez, de figuras de especial relevancia y oportunidad en períodos de crisis, como la cláusula rebus sic stantibus (estando así las cosas). El juez debe conceder un plazo para renegociar el contrato. La modificación del contrato será provisional, mientras duren las contingencias derivadas del cambio extraordinario de circunstancias. 'Okupación' ilegal Se aboga por la creación de una proposición de ley en materia de ocupación ilegal y multirreincidencia, por la que se modificaría la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y el Código Penal. Todo ello buscando la protección del legítimo propietario y la posibilidad de adoptar medidas cautelares por parte del Juez o Tribunal que garantice un desalojo en menos de 48 horas, equiparándonos así a la realidad europea en la lucha contra esta lacra social. Los cambios propuestos también afectan a la Ley de Bases del Régimen Local, aportando nuevas facultades para los ayuntamientos en lo relativo a ocupación ilegal. A través de cambios en la Ley de Propiedad Horizontal se defiende la necesidad de facultar a las comunidades de vecinos para poder actuar ante ocupaciones ilegales, permitiendo que la notificación se haga a quien se encuentre habitando la vivienda y afecta a cuantos quienes vivan en ella. El ICAB propone una addenda a la propuesta de enmiendas al proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, respecto a la ocupación de bienes inmuebles. La aplicación inmediata de la medida cautelar quedaría condicionada a la prueba de titularidad del propietario. Ver noticia original de eleconomista.es -> AQUÍ

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