EP – Los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres prestarán un servicio gratuito de consulta para la ciudadanía en general en materia de defensa frente a la okupación ilegal de viviendas. Lo harán en virtud de un convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones y la Junta de Extremadura, que concede este año 25.000 euros a cada uno de estos dos colegios profesionales para intentar contribuir a atajar el «problema» de la okupación ilegal de viviendas. Esto teniendo en cuenta que, según los últimos datos del Ministerio del Interior, en el año 2024 se registraron en Extremadura 145 casos de allanamiento o usurpación de bienes, 104 hechos denunciados por personas que se han sentido víctimas o perjudicadas, y la detención de 24 personas. De este modo lo ha explicado en rueda de prensa este lunes en Mérida tras la firma del convenio el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo, quien ha recordado también que el año pasado se desocuparon 92 viviendas que se encontraban okupadas ilegalmente en Extremadura. De ellas, 87 fueron recuperadas y en cinco fue necesario llevar a cabo lanzamientos. Así, en virtud del convenio suscrito, con una duración de un año y que podrá prorrogarse anualmente hasta un máximo de dos, se prestará orientación y asesoramiento profesional de forma «inmediata» a quienes se ven afectados por la okupación ilegal de sus inmuebles. Para ello, habrá un turno especializado de abogados en ejercicios por parte del Colegio de Cáceres y Badajoz, y que prestarán asistencia urgente o de primera necesidad a las personas afectadas, de modo que puedan emitir criterios de respuesta «eficaz» e «inmediata» a quienes soliciten la prestación del servicio, encaminándolos «adecuadamente» a la «solución efectiva» del «conflicto», ha explicado el consejero. Esta atención se realizará presencialmente o a través de un teléfono que prestará servicio en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. Las consultas telefónicas serán atendidas directamente por el letrado designado para cada día, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas en el teléfono habilitado a tal efecto. Además, se ha dispuesto una dirección específica de correo electrónico en cada colegio para consultas en línea disponibles las 24 horas del día. También, para el supuesto en que las circunstancias lo aconsejen y con relación a la información que fuera preciso transmitir y las especialidades del supuesto, podrá concertarse, tras la correspondiente consulta en línea o telefónica, una atención presencial que será convenientemente informada al letrado coordinador que se designe. SIN PONERSE DE PERFIL En cuanto a la situación en la comunidad extremeña, el consejero ha remarcado el «compromiso» del Gobierno de María Guardiola para «defender» los derechos de las familias, sin ponerse de «perfil» ante un «problema» como el de la okupación ilegal de viviendas. «El derecho a la propiedad es el más amplio poder reconocido por el ordenamiento jurídico a favor de una persona sobre un bien de su propiedad y la ocupación ilegal provoca la inseguridad en la población, además de distorsiones en el mercado de la vivienda», ha espetado Martín Castizo. En este sentido, ha incidido en que con el convenio suscrito con los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres el objetivo es «ayudar a garantizar el derecho a la propiedad privada, reconocido por el ordenamiento jurídico español, así como reforzar la seguridad jurídica y generar certidumbre en la ciudadanía». Al respecto, ha añadido que la okupación ilegal, además de atentar contra el derecho a la propiedad y de afectar a sus legítimos propietarios, «también perjudica a muchas personas en situación de vulnerabilidad, tales como trabajadores precarios, inmigrantes o madres solteras». «Muchos propietarios dejan de alquilar sus viviendas por miedo a no poder recuperarlas. Esto, la okupación ilegal, reduce la oferta, sube los precios y dificulta el alquiler a las personas más vulnerables», ha incidido. COLEGIOS DE ABOGADOS Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller Rodríguez, ha agradecido la colaboración de la consejería y el «interés» mostrado en la firma del convenio, que según ha indicado se pondrá en marcha en 30 días para facilitar la organización del servicio. A su vez, el vicedecano del Colegio de Abogados de Cáceres, Luis Bohoyo García, ha recordado que el de la propiedades «uno de los principales derechos, un pilar fundamental de la sociedad», al tiempo que ha hincapié también en que en la okupación existe además un «factor humano» al que a su juicio «no se puede dejar de darle la mano y de prestar ayuda».

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