Alfonso lleva desde 2023 intentando recuperar su casa | LM

El polémico decreto antidesahucios ha generado y sigue generando graves problemas a las víctimas de okupación. Sin embargo, no es lo único que falla en un sistema que, tal y como denuncian los propietarios, parece proteger únicamente a los delincuentes. La lentitud de la Justicia condena cada año a miles de familias de toda España, muchas de ellas en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que la de aquellos que la pregonan. Ese es precisamente el caso de Alfonso, un anciano de Alicante de 95 años, que lleva intentando recuperar su única vivienda desde 2023, el año en el que falleció su hijo. Un día salió a pasear y, cuando regresó a su casa, la que estaba dentro era una mujer que aseguraba que, antes de morir, su hijo le había hecho un contrato de alquiler. Él jamás había sido el dueño del piso y, por tanto, incluso aunque así fuera, no tenía potestad alguna para alquilarlo, pero aquello no impidió que la Policía le permitiera entrar y quedarse con todas sus cosas. Él no tuvo más remedio que trasladarse a casa de su hija Cristina, con la que hoy en día sigue viviendo, mientras mantiene literalmente a sus ya inquiokupas, que, a pesar de esgrimir el supuesto contrato, jamás han pagado ni un euro. "Ha perdido a un hijo, tiene un cáncer de próstata y se va a morir sin ver cómo echamos a los okupas de su propia casa, y no es justo que esta gente le quite lo que con tanto esfuerzo ha conseguido" El juicio se celebró en diciembre de 2024, pero, cinco meses después, todavía sigue esperando una sentencia que no llega y que no solo le está sumiendo a él en la depresión, sino también a su hija, que ve, desesperada, como su padre, en lugar de disfrutar de sus últimos años de vida, está sumido en un auténtico infierno. "Ha perdido a un hijo, tiene un cáncer de próstata y se va a morir sin ver cómo echamos a los okupas de su propia casa, y no es justo que esta gente le quite lo que con tanto esfuerzo ha conseguido", repite una y otra vez con la voz resquebrajada. Precisamente por eso, Cristina se dirige a un Gobierno que sigue sin hacer nada por proteger el derecho a la propiedad y, en especial, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez,: "¿En algún momento va a pensar en los propietarios? ¿Cuánto tiempo debe esperar un pequeño propietario sin recursos a recuperar lo que es suyo? ¿Por qué obliga a mi padre de 95 años a hacer de escudo social?". Unos inquilinos con los que no contaba La historia de Alfonso se remonta a muchos años atrás, cuando su mujer aún vivía y le diagnosticaron Alzheimer. "Tuvimos que ingresarla en una residencia y mi padre ingresó con ella, así que mi hermano se quedó viviendo en el piso", explica Cristina. Sin embargo, todo cambió cuando ella murió: "Él estaba con depresión y quiso salir, pero mi hermano nos empezó a poner pegas y a decir que él no podía cuidar de mi padre y que esperásemos". Lo que no sabían era que, en el piso, también vivía una pareja con su hija y que, como su hermano estaba enfermo, querían deshacerse de él a toda costa y le estaban haciendo la vida imposible. "Nos enteramos porque mi hermano la denunció a ella por malos tratos y la Policía nos llamó para que nos hiciéramos cargo de él", recuerda. Un contrato de dudosa legalidad Cambiaron la cerradura y consiguieron echarles de la casa. O al menos eso era lo que ellos creían. Aquella enfermedad se terminó llevando la vida de su hermano por delante de un día para otro y, aunque su padre regresó al que siempre había sido su hogar, aquella pareja se presentó en su casa exhibiendo un supuesto contrato de alquiler que les permitió quedarse con ella. "A mediodía siempre bajábamos a dar una vuelta con mi padre y un día, de repente, nos llamaron unos vecinos para decirnos que la mujer estaba entrando con la Policía" "A mediodía siempre bajábamos a dar una vuelta con mi padre y un día, de repente, nos llamaron unos vecinos para decirnos que la mujer estaba entrando con la Policía", recuerda sin aún hoy salir de su asombro. Al parecer, había recurrido a los tribunales, alegando que, antes de morir, su hermano le había hecho un contrato de alquiler y que, por tanto, tenía todo el derecho del mundo a seguir viviendo en el piso. "La firma de mi hermano está, pero es que él ni era dueño de la casa ni nada. Por tanto, no sé cómo la jueza pudo autorizarla a entrar y, además, sin ni siquiera escucharnos a nosotros", denuncia indignada. Aquel día, Alfonso no solo perdió su hogar, sino también todas sus cosas: "Se quedaron con todas las pertenencias de mi padre, los medicamentos, todas las cosas de mi hermano… No pudimos sacar nada". Una sentencia que no llega Con todo, no les quedó más remedio que acudir a los tribunales. Sin embargo, el juicio se celebró en diciembre y, cinco meses después, siguen sin saber qué pasará. "Nos dicen que la juez está de baja y que no hay sentencia todavía, pero es que mi padre tiene ya 95 años, es un hombre vulnerable que, con todo lo de mi hermano y ahora esto, ha pegado un bajón importante, y lo que me da pena es que se va a morir sin que le demos la alegría de decirle que ha recuperado su casa", lamenta. Dicen que tienen un contrato de alquiler, pero no pagan ni un euro y encima nosotros tenemos que hacernos cargo de todos los suministros porque están a nuestro nombre y si no, los que nos enfrentamos a un delito de coacciones somos nosotros A la lentitud de la Justicia se suma la cara dura de los que Cristina considera sus okupas: "Dicen que tienen un contrato de alquiler, pero no pagan ni un euro y encima nosotros tenemos que hacernos cargo de todos los suministros porque están a nuestro nombre y si no, los que nos enfrentamos a un delito de coacciones somos nosotros". Y su sospecha es que, igual que ahora no abonan renta alguna, jamás lo habrían llegado a hacer. "Cuando murió mi hermano, pedimos el registro de sus cuentas para ver si ella había ingresado algo y no encontramos nada, pero es que, cuando nos denunció por cambiar la cerradura, le preguntaron si tenía algo que demostrase que había pagado cualquier cosa y dijo que no", subraya. Así las cosas, la impotencia de esta familia es indescriptible. "Estamos todos desesperados, y lo peor es que nos podemos tirar así dos o tres años más, sin que nadie piense en mi padre, que es una persona de 95 años, que solo tiene esa vivienda y que la necesita", insiste. Ante esta situación, lo único que pide Cristina es que la justicia agilice sus plazos y se dicte sentencia lo antes posible, confiando es que la juez no avalará un contrato que, incluso aunque fuera real, sería inválido, puesto que su hermano nunca ha sido dueño del piso.

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